Los aforados son la evidencia.

El artículo 14 de la Constitución Española dice lo siguiente: "Los españoles son iguales ante la Ley, sin  que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". En España hay un incumplimiento evidente de ese artículo en la figura de los aforados. Hay 10.000 personas aforadas en España, a las que desde ayer hay que sumarles tres personas más, la figura de la Reina y los príncipes de Asturias.

Un aforado sólo puede ser juzgado por un tribunal superior, en este caso el Tribunal Supremo, porque se entiende que en tribunales de rango inferior puede no haber la suficiente independencia como para acometer juicios contra este tipo de personas. Entre las personas aforadas en nuestro país se encuentran, además de la Familia Real, los miembros del Gobiernos, Diputados, Senadores, Presidentes Autonómicos, Diputados Autonómicos, los miembros del Tribunal de Cuentas y los miembros del Consejo de Estado, además del Defensor de Pueblo.

Es curioso que los mismos que presumen de independencia judicial y que además son los responsables de su nombramiento sean los primeros en protegerse de ellos ante una posible no independencia, esto es, ante una posible prevaricación. Los mismos que son garantes del buen funcionamiento del sistema, de ese sistema según ellos tan infalible y tan bueno, son los primeros en protegerse de él. ¿Cuantas veces les oímos hablar en el día de la Constitución de ley de leyes y gansadas por el estilo? ¿Por que si es ley de leyes se la saltan a la torera a su conveniencia?

Me da igual el partido político al que pertenezcan, al final este tipo de asuntos nos deja bien a las claras lo que es más que una evidencia, son una casta, una casta distinta a la del resto de españoles y lo que hacen con asuntos como este no es más que protegerse. Hablan de inconvenientes dentro del aforamiento, uno de ellos es la imposibilidad de recurrir ante una instancia superior en caso de fallo en contra de sus intereses. Pero, ¿quienes son los responsables de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo? Ellos mismos, ¿no?, pues eso.