Leído en http://www.abc.es/ el 10 de Enero de 2016
En la hoja de ruta hacia la independencia diseñada por Artur Mas no aparecen las cifras ni de la difícil situación financiera que atraviesa actualmente Cataluña ni del coste que la secesión supondría para la autonomía y sus ciudadanos. Como ya informó ABC mediante cálculos de varios economistas del IESE Business School, el Producto Interior Bruto (PIB), llegado ese momento, sufriría un deterioro total de unos 23.000 millones de euros, entre la caída de su comercio y la fuga de empresas a Madrid y otras regiones.
El primer impacto económico procedería de la pérdida de su principal socio comercial: España. Cataluña vende al resto de comunidades autónomas más bienes y servicios de los que adquiere en esas regiones, registrando un superávit comercial con el resto del país de unos 20.000 millones. Sin embargo, del extranjero importa mucho más de lo que exporta, de forma que a cierre de 2014 registraba un déficit comercial total de 11.695 millones.
Aunque aproximadamente el 10% de las exportaciones catalanas van a parar a Francia, el 8% tienen como destino Andalucía, el 7% Aragón y otro tanto va a la Comunidad Valencia. En caso de ruptura, la economía catalana vería dañada esa beneficiosa relación con el resto del territorio. El profesor de economía Pankaj Ghemawat replicó en el supuesto de una Cataluña independiente el efecto que la división de Checoslovaquia en dos en 1993 tuvo en los flujos comerciales entre República Checa y Eslovaquia. En ese caso, el comercio entre los dos nuevos países se hundió una tercera parte. Para Cataluña, según ese estudio, supondría una caída de su balanza comercial de entre el 4% y el 13% del PIB y, por tanto, un descenso de la actividad de la región de en torno a los 6 puntos porcentuales o casi 12.000 millones.
A esa cifra hay que sumar la fuga de empresas que experimientaría la región y su consecuente impacto económico. El presidente de la asociación Empresarios de Cataluña, Josep Bou, advirtió recientemente de que si el proceso independentista no se detiene, se irá a Madrid con su empresa.
Aunque no se manifiestan así de claro en público, otros empresarios catalanes barajan también esta opción y han diseñado planes de contingencia. La prueba es que el pasado mes de mayo el Gobierno introdujo un cambio en la ley de Sociedades de Capital que agiliza el cambio de domicilio fiscal dentro de España, eliminando para ello el hasta ahora necesario visto bueno de la junta de accionistas.
Fuga de empresas
Esa modificación se introdujo, según pudo saber ABC de fuentes oficiales, por presiones de algunas grandes empresas cotizadas catalanas contrarias a la independencia, que deseaban, ante una posible secesión, trasladar su sede a Madrid. No solo eso: las entidades bancarias, al salir Cataluña del euro, optarían también por abandonar la región para poder seguir estando dentro del euro y bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE).
De hecho, y según informan fuentes de algunas entidades, algunos clientes de bancos que operan en Cataluña han preguntado en los últimos meses en sus sucursales por la posibilidad de traspasar sus cuentas de Barcelona a ciudades de Aragón. Fuentes jurídicas señalan que varias de las principales empresas del país ya han encargado informes a grandes despachos que incluyen su deslocalización en caso de una ruptura de Cataluña con el resto de España para trasladar su actividad a otras partes del país.
La salida de grandes empresas hacia otras comunidades tendría un impacto en el PIB catalán, según los cálculos hechos por varios economistas como el profesor del IESE José Ramón Pin, de unos 11.000 millones de euros. En suma, Cataluña vería mermada su riqueza en esos 23.000 millones en caso de romper con España.
Esa factura se completa con la pérdida de la ayuda financiera del Gobierno central. El Estado español, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y los diferentes planes de pago a proveedores, ha prestado más de 40.000 millones de euros a la Generalitat durante esta legislatura para hacer frente al pago de sus facturas pendientes, al vencimiento de sus deudas y a la financiación del déficit que año a año ha ido generando.
En total, Cataluña se ha ahorrado con esta suerte de rescate, que año tras año y de forma voluntaria el Gobierno de Mas ha solicitado al de Rajoy, un total de 8.000 millones de euros en intereses de la deuda. De hecho, Cataluña ha dejado de emitir por su cuenta; en su lugar y a través del programa de ayuda del Ejecutivo central, la autonomía se financia a coste cero a través del Tesoro público.
Sin ese respaldo, Cataluña tendría que pagar en torno al 5,414% por su deuda, el interés promedio de su bono a diez años. El nacionalismo no sale rentable.
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